En enero de 2012, CEOE, CEPYME, CCOO, UGT pactan el II ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2012, 2013 Y 2014. En cuanto a criterios para subidas salariales proponen las siguientes líneas:
2012: el aumento de los salarios pactados no debería exceder el 0,5%, con una cláusula de actualización aplicable al final del ejercicio concretado en el exceso de la tasa de variación anual del IPC general español del mes de diciembre sobre el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (2%).
2013: el aumento de los salarios pactados no debería exceder el 0,6%, con una cláusula de actualización en los mismos términos que para 2012.
2014: el aumento de los salarios pactados debería ajustarse al ritmo de actividad de la economía española, según criterios ligados al incremento del PIB.
Dejando a un lado lo penoso del acuerdo, ni siquiera los empresarios firmantes pueden autoprotegerse ante una revisión salarial para el año 2012 ya que el tope del 2% que habían previsto como escudo para no subir los salarios más allá del 0,5% se ha traspasado: el IPC en España ha cerrado el año en el 2,9% y el armonizado europeo en el 2,2%.No importa, la CEOE, -institución que recordemos cuenta con su anterior presidente Gerardo Díaz Ferrán detenido y acusado de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero desde diciembre de 2012 y que su vicepresidente Arturo Fernández ha sido acusado de pagar en negro a sus propios empleados, pero se mantiene en el cargo protegido por el propio presidente Joan Rosell– lanza un comunicado en el que aboga por la moderación salarial incumpliendo lo firmado en lo que vemos que es sólo papel mojado:
Esta recomendación viene de los mismos que defienden que hay que regular el derecho a huelga (19 de marzo de 2012 Joan Rosell en una entrevista a ABC), son los que piden que hay que trabajar más y cobrar menos, son los que exigen, aconsejan, e incluso pactan con los agentes sociales, medidas restrictivas, económicas y laborales, para los trabajadores… pero que a ellos “no aplica”. La crisis y los recortes no van con ellos. El propio Joan Rosell defiende que una empresa tribute sus ventas en paraísos fiscales para obtener mayores beneficios.
¿Quién paga entonces los tributos necesarios para mantener el estado del país que tanto quieren, o sólo quieren el beneficio propio?
¿Quiénes son entonces para aconsejar, y nos tememos que para dirigir, las políticas económicas de la nación?
En INDRA se siguen estas pautas desde hace años, con y sin crisis, congelación salarial, ataque a los representantes de los trabajadores (destituciones programadas), incumplimientos de la normativa laboral (movilidad geográfica bajo presión), despidos improcedentes continuos (sin comunicación a los comités de empresa). Este año 2012 con la subida colectiva del 0% y las PSI próximas a esta cifra perdemos un 3% de poder adquisitivo, siempre con los cálculos sobre IPC que los mismos empresarios con ayuda del gobierno de turno, controlan, decidiendo que entra y que no entra en este cálculo.
¿Aún queda alguien convencido de que esto es una consecuencia de la crisis y no un ataque a la clase trabajadora asalariada para abaratar la mano de obra, para la pérdida de los derechos sociales y laborales adquiridos en el último siglo? En INDRA tenemos el mejor ejemplo, una de las empresas que han tenido mayores beneficios en estos últimos años es sin embargo la primera en aplicar la contención salarial, entre otras cosas para que la cúpula directiva siga distanciándose cada vez más de sus empleados en cuanto a sueldos y que sus consejeros delegados sean de los mejores pagados de la empresa española.
¿Qué valor moral tiene la patronal de este país para congelar los salarios de los trabajadores?
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